Es cierto que los niños con discapacidades cognitivas son tiernos, lindos y maravillosos, pero también es cierto que son los más desprotegidos, rechazados y abandonados porque las posibilidades de realización de forma digna, son escasas y maltrechas.
A los padres y madres de estas criaturas especiales siempre se les alienta diciéndoles que contienen un mundo de bendición. No lo dudamos, creo que en otros seres humanos se repita un alma tan casta, sin encrucijadas, con un corazón indulgente, como el de estos seres, alejados de toda tentación e impregnados de una gran apacibilidad.
Desde que llegan al mundo, comienzan un periplo de vicisitudes, que comienza con la suerte de progenitores que la vida les ha dado y con un Estado que no es el de Canadá. Tal vez si, tal vez no estarán conscientes del estribillo que oirán recitar, como que sus derechos prevalecen sobre los adultos, según lo preceptúa el artículo 44 de la carta, o el artículo 47 que autoriza a la atención especializada a los disminuidos físicos, o como lo reseña la Declaración de los derechos del niño, o el cántico contenido en las políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia
Es una verdadera fortuna encontrar a padres que se apropien de sus dificultades, porque no falta quienes opten por aislarlos, maltratándolos cuando no responden como los otros de la casa o de la cuadra. También hay quienes tienen padres y madres sensatos, pero muy pobres, que les ofrecen poco a estas personas, porque no tienen los medios, o desconocen las normas que defienden los derechos de estos humanos.
Las madres de niños Y niñas especiales consientes de su responsabilidad, son verdaderos ejemplos de lucha y de heroísmo: Concentran buena parte de la atención en estas personas, optan por lo regular por el trabajo casero, renuncian muchas veces a cualquier posibilidad de desarrollo profesional o laboral, se concentran en los procesos terapéuticos y están entrenadas para patinar, tramitar, publicitar y tutelar los derechos que atañen a sus hijos.
Los niños normales, como se identifican a los que no tienen estas patologías, encuentra en buena parte oportunidades en sus lugares de hábitat, pueden tener acceso a una escuela casi gratuita, espontáneamente encuentran una autoridad que les brinda un desayuno, lo inscriben en el régimen subsidiado y en una consulta médica se ganan un Ibuprofeno.
La niñez que de forma perenne subsiste en ellos, los vuelve seres indefensos, que no alcanzan mentalmente a crecer como para reclamar sus derechos, como puede hacerlo un enfermo de SIDA. Esto es una ventaja para las empresas aseguradoras que recibieron por delegación estatal el manejo de la salud, porque ellos son frágiles peleando por su propia causa, y aunque tienen padres que lo pueden defender, no todos lo hacen, y en buena medida los que se atreven en alto porcentaje terminan otorgándoles baratijas o tratamientos discretos; mientras otros no tienen quienes por ellos reclamen, porque sus hacedores los abandonaron una vez vinieron al mundo.
Las madres que presionan por la rehabilitación integral de su hijos e hijas, lo hacen por la circunstancias que enfrentan de no poder pagar los medicamentos y los procesos terapéuticos que demanda una atención de esta naturaleza: Los niños y niñas no encuentran en el barrio, ni en el pueblo instituciones gratuitas que permitan la atención necesaria para estas personas, y en los lugares donde los hay, son inaccesible por su costo, que es el de los más alto en el campo médico de la rehabilitación integral, porque demanda atenciones especiales a patologías, como el autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, campo en los cuales ha habido para su tratamiento toda una revolución terapéutica en el mundo y en Colombia.
El Estado no está convencido que salen menos costosos que el resto de ciudadano: No van a la universidad, un porcentaje pequeño cursa secundaria, casi ninguno termina la educación primaria. No se convierten en delincuentes, luego no se necesitan jueces, ni cárceles para administrarle justicia; son pacíficos, tolerantes entonces no hay que invertirles en programas de seguridad ciudadana; le dejan los cupos escolares a los mejores dotados porque los rechazan en las escuelas.
El estado tiene normas y profundizando en nuevas leyes podría garantizar estos derechos, pero su acción es casi inane, de son ser por los jueces, que entendiendo la problemática, viabilizan la atención otorgando el derecho a conseguir superiores condiciones de vida mediante la acción de tutela. A ellos llegan las madres, después de repetir el circuito EPS –medico-EPS –IPS cuantas veces se les antoja a los auditores, o al gerente, o a la recepcionista.
Cuando las señoras se abanican con los folios de los fallos, creyendo haber conquistado el mundo para sus protegidos, saltan los funcionarios de las EPS, quienes han tenido la oportunidad procesal para defender sus intereses, a interpretar a su libre albedrío las sentencias sin estar facultados para ellos, y mucho menos a discutir lo contenido en esas providencias, por muy auditores, gerentes o juristas que sean.
Otra vez al circuito del trámite administrativo se activa, las madres regresan al poder judicial a pelear en un proceso de desacato por el arresto del representante legal como mecanismo de presión, teniendo que denunciarlos penalmente por fraude a resolución judicial, para ver satisfecha su aspiración la que no siempre consiguen después de una titánica lucha.
A los padres y madres de estas criaturas especiales siempre se les alienta diciéndoles que contienen un mundo de bendición. No lo dudamos, creo que en otros seres humanos se repita un alma tan casta, sin encrucijadas, con un corazón indulgente, como el de estos seres, alejados de toda tentación e impregnados de una gran apacibilidad.
Desde que llegan al mundo, comienzan un periplo de vicisitudes, que comienza con la suerte de progenitores que la vida les ha dado y con un Estado que no es el de Canadá. Tal vez si, tal vez no estarán conscientes del estribillo que oirán recitar, como que sus derechos prevalecen sobre los adultos, según lo preceptúa el artículo 44 de la carta, o el artículo 47 que autoriza a la atención especializada a los disminuidos físicos, o como lo reseña la Declaración de los derechos del niño, o el cántico contenido en las políticas públicas para el desarrollo de la primera infancia
Es una verdadera fortuna encontrar a padres que se apropien de sus dificultades, porque no falta quienes opten por aislarlos, maltratándolos cuando no responden como los otros de la casa o de la cuadra. También hay quienes tienen padres y madres sensatos, pero muy pobres, que les ofrecen poco a estas personas, porque no tienen los medios, o desconocen las normas que defienden los derechos de estos humanos.
Las madres de niños Y niñas especiales consientes de su responsabilidad, son verdaderos ejemplos de lucha y de heroísmo: Concentran buena parte de la atención en estas personas, optan por lo regular por el trabajo casero, renuncian muchas veces a cualquier posibilidad de desarrollo profesional o laboral, se concentran en los procesos terapéuticos y están entrenadas para patinar, tramitar, publicitar y tutelar los derechos que atañen a sus hijos.
Los niños normales, como se identifican a los que no tienen estas patologías, encuentra en buena parte oportunidades en sus lugares de hábitat, pueden tener acceso a una escuela casi gratuita, espontáneamente encuentran una autoridad que les brinda un desayuno, lo inscriben en el régimen subsidiado y en una consulta médica se ganan un Ibuprofeno.
La niñez que de forma perenne subsiste en ellos, los vuelve seres indefensos, que no alcanzan mentalmente a crecer como para reclamar sus derechos, como puede hacerlo un enfermo de SIDA. Esto es una ventaja para las empresas aseguradoras que recibieron por delegación estatal el manejo de la salud, porque ellos son frágiles peleando por su propia causa, y aunque tienen padres que lo pueden defender, no todos lo hacen, y en buena medida los que se atreven en alto porcentaje terminan otorgándoles baratijas o tratamientos discretos; mientras otros no tienen quienes por ellos reclamen, porque sus hacedores los abandonaron una vez vinieron al mundo.
Las madres que presionan por la rehabilitación integral de su hijos e hijas, lo hacen por la circunstancias que enfrentan de no poder pagar los medicamentos y los procesos terapéuticos que demanda una atención de esta naturaleza: Los niños y niñas no encuentran en el barrio, ni en el pueblo instituciones gratuitas que permitan la atención necesaria para estas personas, y en los lugares donde los hay, son inaccesible por su costo, que es el de los más alto en el campo médico de la rehabilitación integral, porque demanda atenciones especiales a patologías, como el autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, campo en los cuales ha habido para su tratamiento toda una revolución terapéutica en el mundo y en Colombia.
El Estado no está convencido que salen menos costosos que el resto de ciudadano: No van a la universidad, un porcentaje pequeño cursa secundaria, casi ninguno termina la educación primaria. No se convierten en delincuentes, luego no se necesitan jueces, ni cárceles para administrarle justicia; son pacíficos, tolerantes entonces no hay que invertirles en programas de seguridad ciudadana; le dejan los cupos escolares a los mejores dotados porque los rechazan en las escuelas.
El estado tiene normas y profundizando en nuevas leyes podría garantizar estos derechos, pero su acción es casi inane, de son ser por los jueces, que entendiendo la problemática, viabilizan la atención otorgando el derecho a conseguir superiores condiciones de vida mediante la acción de tutela. A ellos llegan las madres, después de repetir el circuito EPS –medico-EPS –IPS cuantas veces se les antoja a los auditores, o al gerente, o a la recepcionista.
Cuando las señoras se abanican con los folios de los fallos, creyendo haber conquistado el mundo para sus protegidos, saltan los funcionarios de las EPS, quienes han tenido la oportunidad procesal para defender sus intereses, a interpretar a su libre albedrío las sentencias sin estar facultados para ellos, y mucho menos a discutir lo contenido en esas providencias, por muy auditores, gerentes o juristas que sean.
Otra vez al circuito del trámite administrativo se activa, las madres regresan al poder judicial a pelear en un proceso de desacato por el arresto del representante legal como mecanismo de presión, teniendo que denunciarlos penalmente por fraude a resolución judicial, para ver satisfecha su aspiración la que no siempre consiguen después de una titánica lucha.
